Elradardelsur.ar 2/09/2025
La combinación de medidas judiciales y estrategias de comunicación genera un clima de tensión y debate sobre los límites entre la política y la libertad de prensa.
Ayer lunes, el juez Patricio Maraniello dictó una cautelar que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido grabados en Casa Rosada.
La denuncia fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. "Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", sostuvo.
En la denuncia que el gobierno de Javier Milei presentó para conseguir frenar la difusión de nuevos audios que tengan a Karina Milei como protagonista de una presunta red de coimas, se solicitaron una serie de allanamientos.
El Gobierno señaló a cuatro personas como los responsables: los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, el empresario Pablo Toviggino, el abogado Franco Bindi, esposo de la diputada Marcela Pagano y descripto como «operador judicial vinculado a Fernando Pocino». «No se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia», concluyó el comunicado del gobierno, que insólitamente atribuye esas operaciones a «intereses rusos y chavistas».
Las medidas requeridas al juzgado federal número 12, que es subrogado por Julián Ercolini, son sobre el canal que difundió los primeros audios y sobre los domicilios de periodistas y empresarios.
En la presentación hecha por Fernando Soto, abogado representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, se requirió entre las medidas de prueba los "allanamientos y secuestro forense en las oficinas y estudios de 'Carnaval Stream'", un medio de comunicación vinculado a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Asimismo, piden ordenar allanamientos en los domicilios del propio Toviggino, los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, dueño del portal de noticias Data Clave. Otro de los apuntados es el empresario de medios Franco Bindi, a quien en Casa Rosada señalan por estar detrás de la difusión de los audios de Diego Spagnuolo.
En el Congreso, la oposición se organiza para rechazar los ataques del Gobierno a la prensa. Las comisiones de libertad de expresión del Senado y de la Cámara de Diputados diagraman acciones para repudiar el ataque del Gobierno a los periodistas que difundieron audios de Karina Milei.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) salió a repudiar el avance contra los trabajadores de prensa. Los allanamientos violan la protección del derecho de preservación de la fuente periodística. La jurisprudencia rechaza históricamente este tipo de peticiones porque protege archivos, comunicaciones y materiales de medios y periodistas», recordó el gremio en referencia a los casos de Rial y Federico.
