elradardelsur.tv-12/03/2019
En los últimos días, se estuvo hablando sobre amenazas de bomba, daños e incendios en algunas escuelas de Buenos Aires.
Por un lado, se dio a conocer el incendio de la Escuela "República de Panamá" de Lanús, ocasionado por dos alumnos de la institución, donde las autoridades piden a sus padres un resarcimiento de alrededor de 500 mil pesos, ya que dañaron el 50% del edificio del colegio.
Por otro, un joven tendrá que pagar $60 mil por realizar amenazas de bomba a las escuelas durante el 2018. Además deberá entregar al Estado un celular y una computadora de alta gama y realizar tareas comunitarias en un club barrial. De no cumplir con lo establecido su causa será llevada a juicio.
Estas son las medidas que se tomaron y que se van a extender en la provincia para evitar futuros episodios.
Con lo que respecta al incendio que provocaron dos menores en la escuela de Lanús, el Municipio del distrito decidió demandar a sus padres, para que respondan ante los daños materiales causados durante la madrugada del 23 de febrero.
El secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, explicó que se tomó esta medida porque se trató de un hecho ilícito intencional donde se arruinó un colegio, dejando sin clases a ciento de chicos. La institución terminó con el 50% del edificio dañado y se necesita medio millón de pesos para refaccionar el lugar.
A los padres, se les inició una demanda judicial por “daños agravados” ya que se trata de un bien público y la pena que le correspondería a estos padres oscila entre los 3 meses y 4 años de prisión.
Con respecto a las amenazas de bomba, un joven de Morón deberá pagar 60 mil pesos, y si se trata de un menor, los padres serán los que responderán económicamente por lo perjuicios causados.
La Jueza Graciela Angriman, a cargo del Juzgado en lo Correccional N°5, en el marco de una causa caratulada "intimidación pública reiterada en tres oportunidades", tomó la decisión.
En base a la ley Ley 13.634 inc 75 que dispone que cuando la responsabilidad trasciende la autoría del delito se coloca a los progenitores como garantes del resarcimiento a las víctimas, se busca desalentar futuros episodios y en caso de que se vuelvan a cometer, se logre solventar los costos de los operativos anti-explosivos que este tipo de llamados generan.
Además, es una medida para conscientizar a los padres, ya que como dijo Kravetz, el hecho de que menores estén caminando solos a las 12 de la noche con un bidón de líquido inflamable para incendiar un colegio o no haya un control en las llamadas en el caso de las amenazas de bomba "demuestra que hay un incumplimiento claro del deber".
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