Elradardelsur.ar – 10/06/2022
Este deplorable suceso es considerado el atentado más sangriento que llevó adelante la agrupación Montoneros. Ya es hora de que las víctimas tengan justicia y los responsables paguen.
La justicia reabrió la investigación por el trágico hecho ocurrido el 2 de julio de 1976, en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, donde detonaron un artefacto explosivo que produjo la muerte de 24 personas y más de 60 resultaron heridas.
La Cámara Federal porteña dictó la nulidad del fallo de la jueza María Servini quien había cerrado el caso, a su vez ordenó que se investiguen las responsabilidades de los imputados debido a las posibles violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, de acuerdo al pedido de la parte querellante.
Entre los responsables que fueron indicados en su momento estaban Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger y Lila Victoria Pastoriza; entre otros que integraban la Organización Montoneros.
La resolución de la Sala I de la Cámara obliga a seguir investigando. “No se ha considerado el planteo sobre el posible apoyo de Estados y organizaciones extranjeras que tuvieran las personas implicadas”, dijeron Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia.
El fallo manifiesta que la resolución es inválida porque “prescindió considerar cuestiones previas y expresamente introducidas en derredor de la maniobra denunciada, las cuales necesariamente había que merituar para dar una respuesta suficiente en los términos exigidos por la norma antes aludida”.
Los pretensos querellantes de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, Asociación “Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica” y Eduardo Emilio Kalinec y Alicia de León por su hijo Ernesto Osvaldo Matienzo en su condición de víctimas directas, expusieron los motivos por los cuales requirieron la revocatoria del fallo de la jueza que cerró el caso.
Primero, advirtieron la omisión de tratamiento de argumentos y pruebas conducentes incorporadas en la denuncia, donde se destacó no abrir la investigación a los efectos de determinar si la organización “Montoneros” efectivamente tuvo apoyo, cuanto menos, de tres Estados extranjeros y organizaciones terroristas islámicas.
Asimismo, cuestionaron la decisión dictada ya que fue omitiendo correr vista de la presentación de esa parte al Ministerio Público Fiscal, por otro lado no se resolvió el planteo subsidiario, para que “ante el caso de que se rechazara la pretensión de juzgamiento”, el expediente sea desarchivado y se reanude la investigación, con sustento en el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad.
Para la Cámara, la jueza Servini no evaluó “lo requerido por la parte conforme las aristas que el caso proyecta. Esto, en cuanto a la eventual calificación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, con los nuevos elementos propuestos; o un posible caso de grave violación a los derechos humanos”.
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