Elradardelsur.ar 17/12/2023
En el marco de un proceso de auditorías iniciado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a mediados de este año, a raíz de las irregularidades encontradas al inicio de la gestión en los procesos de entrega de pensiones no contributivas por invalidez laboral, se han desarrollado diversos operativos que continuarán en todo el país con el fin de brindar transparencia en los procesos y que los beneficios lleguen a quienes realmente lo necesitan.
Desde la ANDIS describieron: “Todo esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos de bien que pagan sus impuestos pensando que estos van destinados a la ayuda de quienes lo necesitan y en realidad son usados para el negociado político y el beneficio de unos pocos, rompiendo la igualdad ante la ley”.
En Chaco, una nueva auditoría de la ANDIS reveló datos increíbles: en una localidad, más del 80% percibía por parte del Estado Nacional ese subsidio sin cumplir los requisitos. A una mujer se le otorgó la pensión por la amputación de un brazo, pero el diagnóstico médico era falso.
“En Chaco hay más personas con invalidez que en Ucrania”, dijo el fiscal federal de esa provincia, Carlos Amad, quien investiga dos causas que involucran a más de 24.000 pensiones otorgadas en los últimos cuatro años en 37 localidades chaqueñas. En la Alcaldía de Taco Pozo, por ejemplo, el 10% tiene una pensión no contributiva por invalidez laboral. La causa ya tiene nueve imputados, entre ellos el intendente Carlos Antonio Ibáñez, médicos, directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima y “gestores”, vinculados a la organización, que cobraban hasta $30.000 para iniciar los certificados con datos falsos y dar origen al expediente que, en su etapa final, eran aprobados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “En Taco Pozo el 97% de esas pensiones son truchas”, informó el fiscal al ser consultado.
Las auditorías sobre los más de 1.250.000 beneficiarios son realizadas por ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo. Actualmente, se realizan operativos en varias localidades de la provincia gobernada por Leandro Zdero; sin embargo, las que están bajo la lupa fueron otorgadas durante la gestión de Jorge Milton Capitanich.
De manera paralela al “escándalo chaqueño”, una investigación judicial y una auditoría del Gobierno puso en relieve las arbitrariedades y los abusos que existieron durante más de una década y media en la entrega de pensiones no contributivas por discapacidad laboral, que han puesto en riesgo el normal funcionamiento de una de las áreas más sensibles, que está destinada a proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, como los casos de los niños con Síndrome de Down, Autismo, Trastornos del Espectro Autista como, Síndrome de Asperger, retraso mental y retraso madurativo, entre muchísimas otras.
Las investigaciones revelan un aceitado esquema de corrupción que involucra a médicos, gestores y funcionarios; y la displicencia con la que se otorgaban estos beneficios a quienes no los necesitaban, en desmedro de personas que durante años han intentado obtener la subvención, que representa el 70% de una jubilación mínima y fueron rechazados.
Desde la Casa Rosada informaron: “Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”.
Según los datos oficiales, entre 2003 y 2015, es decir los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, “un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, opinan desde la ANDIS. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la cifra se mantuvo constante, pero en la presidencia de Alberto Fernández la cifra de beneficiarios volvió a ascender hasta las 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023.
