Elradardelsur.tv – 12/02/2020
Un requisito básico de la seguridad, es la certeza, certeza en la dirección, certeza en el camino, en el objetivo y certeza en la participación y consenso de cada uno de los actores y componentes del sistema o plan de seguridad.
Somos espectadores de una discusión entre dos Ministros.
Bienvenidas las diferencias, siempre son buenas para el crecimiento, nadie es dueño de la verdad, pero va mi concejo en representación de los vecinos de Varela y como Presidente de la Comisión de Seguridad:
Discutan los temas a puertas cerradas y en pos de la construcción y búsqueda de acuerdos.
Si existen diferencias, busquen los puntos de encuentro y no amplíen la distancia tomando medidas, elaborando “cartas” que trasciendan cada uno de los ministerios y que sus resultados puedan afectar la vida de los bonaerenses, lo digo por tener en nuestro distrito la presencia de Fuerzas Federales y la carta publicada genero mucha preocupación a los vecinos.
Un desencuentro, no puede promover la decisión del retiro de las fuerzas federales de la Provincia, es inviable recordemos que Florencio Varela tiene a Gendarmería Nacional.
En el medio de una discusión infructuosa, por un convenio está la gente, estamos nosotros, están los vecinos, están los policías, están los comerciantes y empresarios, están los intendentes, están los integrantes de las fuerzas federales y su entorno.
¿Quiénes son los únicos beneficiarios de esta discusión?
*1 El diagnostico trazado a medias registra 48.827 personas privadas de su libertad en comisarías, alcaldías y cárceles provinciales.
La peor crisis humanitaria y de seguridad antes vista, involucra 54 cárceles, 10 alcaldías y 583 comisarías.
Este mes está prevista la reunión de los equipos técnicos que buscarán un plan consensuado entre los tres poderes del estado bonaerense, los organismos de Derechos Humanos, la iglesia, y representantes del Poder Judicial Federal y, ellos establecerán la actualización de la población carcelaria.
Tengamos en cuenta que los datos cambian día a día. Lo que se promueve es:
1. Conmutar penas a los que alcanzaron 60 años cumplidos y la mitad de la condena (afuera)
2. Liberar a Mujeres con hijos menores de 5 años que hayan cumplido la mitad de la condena (afuera)
3. Liberar, Sentenciados a una pena que no exceda los tres años y que hayan cumplido un tercio de la condena (afuera)
4. Liberar, Condenados a una pena que no exceda los 6 años y que se encuentren usufructuando salidas transitorias (afuera)
Todo esto definirá la “Mesa interinstitucional de dialogo” creada mediante Resolución firmada por nuestro gobernador. Nuestro Municipio será principalmente afectado por estas medidas que se vislumbran, el Panorama actual de detenidos en la Unidad 31 que es parte del complejo de Cárceles de Florencio Varela tiene capacidad para 442 presos tenía más del doble en el mismo mes 2019, (982 presos) 122,17 % de exceso.
La Unidad carcelaria 1 de Olmos capacidad para 2000 presos actualmente 3000.
La alcaidía de Junín sobre la Ruta 188, relativamente nueva (2009) tiene capacidad para 424 plazas y a junio del año pasado el juzgado 2 notificó 958 alojados, 135,38 % de superpoblación.
En las comisarías la capacidad es menor a mil (1000) detenidos y hay más de 4000.
La unidad 31 y el complejo registra salidas transitorias y registrará en mayor número en lo sucesivo ya que la resolución 3341/19 de la Suprema Corte Provincial ante la “emergencia humanitaria” para revertir este agravamiento promueve que los jueces adopten propuestas para favorecer las libertades ante delitos leves o que las personas puedan ser investigadas en libertad.
Las restantes unidades carcelarias se mencionan porque también cuentan con detenidos de nuestro partido.
Hasta aquí solo mencionamos a los delincuentes que están alcanzados por el sistema penal, lento e imperfecto, es sabido que la gran mayoría pudo sortearlo, considerando esta franja a los que están presos como “perejiles” e “improvisados”.
Muchos delincuentes no se encuentran privados de su libertad y están en la calle, por haber cumplido la condena, otros tantos en formación haciendo escuela aún sin prontuario , menores “tutelados” por la Ley penal juvenil con amplitud para un sin número de delitos y sin posibilidad de contención, reinserción y seguimiento, una cultura de violencia enmarcada por al alcohol (aceptado por todas las clases sociales) y las drogas que van ganando terreno a pasos agigantados, como si esto fuese poco, la crisis económica golpea todos los sectores sociales, la falta de trabajo barrios, villas de emergencia y asentamientos que muestran como única posibilidad de ascenso social la venta de estupefacientes o la delincuencia que van en aumento y eso se refleja en la superpoblación carcelaria, en la estadística delictual y en el día a día de cada vecino.
Si quisiéramos hacer un diagnóstico preciso, nos chocaríamos con una estadística delictual manejada por el ministerio de seguridad, distinta a la que maneja la justicia Provincial, ambas arrojan números disímiles, por otra parte, la estadística delictual que maneja la Nación presenta distintos indicadores que las antes mencionadas.
Alguno de los problemas:
• La justicia abarrotada de causas, con criterios disímiles en la aplicación de la ley, “abolicionismo” Vs “mano dura” como contrapuntos del trabajo judicial.
Se observan de turno en turno de cada fiscalía, la voluntad y eficiencia de algunos jueces y fiscales contra la ridícula burocracia enmascarada en “garantismo” y en el medio policías haciendo cursos acelerados de interpretación para conocer los criterios de formación de prueba y aplicación de la ley según el turno y las ganas de ese fiscal o juez que toquen por sorteo.
• Por otra parte la policía provincial, expertos en reparar móviles, atar con alambre, conducir prototipos de vehículos (únicos), sin frenos, sin cubiertas, sin balizas en muchos casos, y muchos otros detalles que los bonaerenses vemos a diario y nos sorprendemos en cada operativo.
La supervivencia es el sello y marca de la policía, sus sueldos magros, excesiva carga de servicio, 48 hs semanales como mínimo y una compensación por recargo de servicio, (hora extra) llamada “CORES” a un valor de $ 40, si cuarenta pesos y solo puede hacer un Máximo de 120 horas ($ 4800) total, que puede incrementar un insignificante salario. El personal de apoyo cobra la mitad del valor de esta hora “CORES” $ 20 pesos la hora, $ 2400 por un total de 120 horas para el caso que pudieran cumplirlas.
• las cárceles como escuelas del delito, sin resocialización posible, un patronato de liberados inexistente, carente de personal y recursos para controlar a la enorme cantidad de libertades condicionales.
• Ausencia de códigos de convivencia para regular la enorme cantidad de problemas y faltas menores que llevan a problemas mayores y actos de violencia, una ley contravencional obsoleta como es la Ley 8031/73 código de faltas de la provincia de Buenos Aires , sancionada en la época de la dictadura y que en algunos distritos a falta de Juzgados de Paz es aplicada por la justicia Correccional que poco la conoce y por su volumen de trabajo escapa a esta instrucción.
Estos son algunos de los problemas más graves que padecemos los bonaerenses, entre otros, pero en materia de seguridad ante la llegada de un nuevo gobierno y nuevo Ministro se esperan definiciones al respecto.
Hasta el momento hemos escuchado la definición de la política nacional en materia de Seguridad con los siguientes puntos centrales:
1- se han impulsado la extensa Resolución 1231/2019 que deroga el “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad” ya que según el criterio de la flamante Ministro excedía los criterios impuestos por la normativa y se alejaba del límite claro al uso de la fuerza letal por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad.
2- Derogo la utilización la aplicación de los protocolos para el uso de armas de fuego y Taser publicadas en el Boletín Oficial. (Resolución 395)
3- Derogo la Resolución 956 que permitía disparar sin dar la voz de alto, ya que contrariaba a su criterio los principios de proporcionalidad, racionalidad, excepcionalidad y progresividad del uso de armas de fuego y el principio legal de legítima defensa que protege tanto a funcionarios como a la población.
4- Traspaso el Servicio Cívico Voluntario en Valores a la Casa Rosada, considerando que las funciones asignadas a la Gendarmería Nacional, no guardan correlación y mucho menos en el marco de una política pública de seguridad democrática, con los objetivos y fundamentos del Servicio Cívico Voluntario en Valores.
5- Dejo sin efecto el “Programa Ofensores en Trenes” que habilitaba a solicitar DNI a cualquier persona en ámbitos del transporte público de pasajeros para constar algún delito por el simple hecho de parecer sospechoso, considerando que es una medida que “criminaliza” a los trabajadores mediante el exceso de controles innecesarios e injustificados.
6- Promovió el retiro del arma a los efectivos de la Policía Aeroportuaria franco de Servicio, para el “cuidado” de los mismos ya que estos registraban la mayor cantidad de bajas franco servicio. (3 suicidios, 3 detenidos por la comisión de un delito con esa arma reglamentaria, una persona muerta por un arma disparada por un efectivo y 7 perdidas de armamento)
7- Se pronunció en favor de la legalización de las drogas blandas, comenzando por el Canabis y se pronunció en contra de legalizar las drogas duras en contraposición al Ministro Sergio Berni.
En lo que respecta al Ministro Provincial el mismo fijo rumbo en los siguientes aspectos:
1- Fortalecer la acción de los intendentes en materia de Seguridad, engrosar, fortalecer y mejorar la policía local como herramienta de seguridad.
2- Trabajar conjuntamente con las fuerzas federales en territorio Provincial, pero al mando y conducción del Ministerio de Seguridad Provincial.
3- Crear una super estructura Ministerial ampliando Subsecretarias y cargos.
4- Legalizar las drogas blandas como el Canabis pero también las drogas duras como la cocaína.
No voy a polemizar sobre las medidas que se vienen dando tanto a nivel nacional como Provincial, puedo coincidir con algunas de las mismas y para el caso que no, puedo comprenderlas o al menos entiendo la mirada y la visión ideológica del asunto, pero quiero dejar en claro en esta misiva mi posición, mi experiencia sobre el asunto, mi conocimiento, mi empatía con el vecino, y por sobre todo resaltar el uniforme que tuve el orgullo de vestir, intento poner en valor tanta sangre derramada de muchos policías y más civiles víctimas del delito.
Ninguno de los temas tratados, son de urgencia y modifican la vida de la gente de bien. Si, para los Ministros son tan prioritarios, nada puede ser más prioritario que resolver la realidad de la gente que gobiernen lo hayan votado o no.
Valga mi concejo para la toma de decisiones que afectara la vida de todos los bonaerenses.
Las medidas más importantes y más urgentes son las que protegen y modifican la vida de las personas de bien, de los vecinos, de los trabajadores, de los comerciantes, de las madres, de los hijos, de los nietos, de los abuelos, de los policías, de los empleados públicos, y de todas las personas que contribuyen al crecimiento de este país todos los días.
Los cambios que impactan al vecino y lo puedo decir con conocimiento del tema, no se dan mostrando posiciones ideológicas y contrapuntos políticos, no se dan generando discusiones infructuosas que debieran ventilarse en programa de chismes, tampoco no se dan creando mega estructuras.
Un “Subsecretario” difícilmente le cambie la vida a un trabajador, tampoco sus asesores, y jefes de Gabinete. En materia de Seguridad, el jefe de la Policía, el negociador, el moderador, quien contiene a la víctima, quien decide a quien identificar, quien lleva una respuesta al vecino, quien en su ámbito limitado de patrullaje da respuesta acorde a sus posibilidades, (es el efectivo de la escala más baja) es el hombre o la mujer patrullando en móvil policial, o a pie, es el “vigilante” de la Comisaria jurisdiccional dando respuesta a un llamado 911 que el Comando no llego a cubrir o el efectivo de CORES cuidando una zona determinada.
*2 El policía en la calle que se enfrenta permanentemente con hechos delictivos en ejecución, debe resolver de igual modo que un juez cualquier medida o procedimiento que conlleve a interferir en esferas personales resguardadas por nuestra Constitución Nacional (Propiedad, libertad ambulatoria, privacidad, domicilio, etc). Todo ello lo hace de un modo hostil como suele ser la calle, no tiene plazos y términos como los jueces y fiscales, ni lo hace en un escritorio, encerrado o con la ayuda de jurisprudencia, análisis, secretarios, lo hace con adrenalina, mediando agresiones, y solo con la herramienta de capacitación para solicitar apoyo, reducir, manejar su arma, amedrentar, mostrar autoridad y manejo de emociones.
Si llegara a fallar como ha sucedido en cualquier fuerza de seguridad, no solo en la policía aeroportuaria, no se puede disponer, el retiro de la toda la policía de la calle, tampoco el retiro del arma reglamentaria y sus facultades, tampoco modificar la ley. La receta es lógica, simple y sencilla (Capacitación permanente), trabajo exhaustivo en todas las escalas policiales.
Llama la atención la resolución de conflictos y el enfoque que pone y avala la Ministro de Seguridad Nacional, a los funcionarios los definen sus acciones más que sus palabras y pareciera que en el esquema de seguridad propuesta la seguridad se centra en posiciones ideológicas, posturas, visiones y no en las acciones.
Estoy muy preocupado en cómo se abordan los temas de seguridad en función de los hechos que se vienen dando, el ejemplo de la Policía aeroportuaria; quitar el armamento franco servicio para evitar la posible comisión de hechos delictivos por parte de sus efectivos, el suicidio, el error procedimental o la pérdida del arma. Esas cosas de evitan con formación continua y capacitación. Parece redundante y tonta la explicación, pero no fue la alternativa tomada por la Ministro de Seguridad Nacional ni la del jefe de la Policía Aeroportuaria quien tomaron la medida de retirar el arma franco Servicio para evitar las variantes antes mencionada.
Cualquier cambio que se quiera promover y que persista en el tiempo, nace por la línea más baja, (de abajo para arriba). Es el vigilante y cuando digo así lo digo por su condición, no por su jerarquía, ni peyorativamente, a ese se debe este Ministro y los sucesivos recambios si quieren ganar la lucha contra el delito, a ese que sostiene el sistema y el plan de seguridad, el que promueve crecimiento, ascensos, soporta cargos y estructuras, a ese se deben los jefes y cada uno de los Subsecretarios, Directores, asesores y Jefes de Gabinete. Ese “vigilante” (hombre o mujer) es el que cambia la percepción del vecino, del hombre de bien y el trabajador, a ese debemos la capacitación, la formación, el acompañamiento y las medidas más importantes en materia de seguridad, porque, su convicción y convencimiento respecto al plan y la política de seguridad será la que traslade al vecino, dándole la tranquilidad y certeza que necesita.
Respeto cualquier cambio que nazca por ahí; capacitación, formación, apoyo, escucha y empatía para con el personal que está en la calle.
Acompañare a cada una de las autoridades Policiales y políticas que entiendan, de una vez por todas, que la construcción de seguridad comienza aquí abajo, en el territorio, en el barrio, en la plaza, en la calle, con ese policía, no en una estructura Ministerial, en una foto, en una carta, o en un reportaje fijando posiciones ideológicas y opinando livianamente de los temas.
Terminemos con la incertidumbre, escuchemos medidas concretas y la instrumentación de las mismas, sino, avizoro como presidente de la Comisión de Seguridad un año intenso y de lucha continua.
MAXIMILIANO IVAN BONDARENKO
Concejal “Unión por el Dialogo”
Pte. De la Comisión de Seguridad
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