Elradardelsur.ar – 07/09/2022
Los integrantes de la institución ubicada en el Centro del distrito, efectuaron hoy una reunión donde ratificaron su apoyo a la intervención realizada por la Comuna junto a las fuerzas de seguridad para fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente respecto a las condiciones indispensables al ejercer la actividad comercial.
“Históricamente, planteamos los inconvenientes y perjuicios que ocasiona la venta ambulante en diferentes aspectos: desde la higiene hasta la seguridad e incluso una competencia desleal. Estamos de acuerdo en la decisión de las autoridades respecto a las actuaciones para acatar las normas”, remarcó el presidente de la entidad, Juan Francisco Piotroski.
“Acompañamos las medidas adoptadas por el Municipio. No podemos aceptar la instalación de puestos en zonas indebidas. Fue una determinación aplicada para ordenar una situación a partir de la prohibición existente respecto al comercio en la vía pública”, afirmó Fernando Caprara, propietario de una tienda.
“Nuestro accionar siempre estuvo regulado y controlado. Asumimos la responsabilidad de tener nuestros impuestos al día junto a la documentación necesaria para funcionar. El problema nunca fue la persona que pasaba negocio por negocio a ofrecer algo sino la organización de un sistema para la comercialización en puntos fijos: algo completamente ilegal desde todo punto de vista”, agregó.
La dueña de un cotillón -Alejandra Amato- reveló que padecía “consecuencias económicas negativas” ante las irregularidades de la venta ambulante. “Nunca estuvimos en contra del trabajo; sí, a favor de obedecer las pautas establecidas como siempre lo hicimos nosotros”, fundamentó.
En ese contexto, narró problemas ocasionados por vendedores ambulantes en su local: “Ingresaron de mala manera, agresivos e incomodaron a clientes. Principalmente, a mujeres, mamás con niños pequeños y adolescentes. Eso provocó que no vinieran más a comprar”.
“Fue una intervención para hacer cumplir la ley. La misma ordenanza municipal que estipula la prohibición de la venta callejera incluyó los requerimientos para formalizar la habilitación de un negocio. No existió diferenciación: para todos la misma legislación”, remarcó el letrado de la institución.
“Un problema social no debería funcionar como excusa para alterar el orden jurídico ni vulnerar normas vinculadas, por ejemplo, a la ocupación del espacio público. De manera razonable, como ciudadanos en igualdad de condiciones, asumimos la responsabilidad de contraer derechos, pero también obligaciones”, resumió.
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