Elradardelsur.ar 27/05/2024
El juez Casanello ordenó al Ministerio de Capital humano que informe el stock de mercadería que tiene retenida en varios depósitos y que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”.
El Gobierno reconoció el jueves pasado que cerca de 5 mil toneladas de alimentos adquiridos durante la anterior gestión se encuentran guardados en los depósitos del Ministerio de Capital Humano como reserva para situaciones de “emergencia”.
La denuncia que dio origen a esta causa la presentó Juan Grabois, contra la ministra Sandra Pettovello, por el incumplimiento en la entrega de alimentos a los comedores y se inició el 5 de febrero. Grabois, sostuvo que se estaban violando las obligaciones contraídas por el Estado en el marco del plan Argentina contra el Hambre y que estaban afectadas muchas personas en situación de extrema pobreza.
La fiscal Paloma Ochoa le pidió al juez, en esta causa, que dictara una “medida innovativa” para ordenarle al Ministerio de Desarrollo Social que, en un máximo de cinco días, entregue los alimentos retenidos que están demandando Grabois y todos los inscriptos en el Registro Nacional de Comedores.
La fiscal fundó su pedido en la necesidad de “hacer cesar la comisión del delito o sus efectos” y en que existe un temor fundado en que de no adoptarse las medidas correspondientes pueda producirse un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior vinculado con la “impostergable necesidad alimentaria de sectores vulnerables de la población”.
El juez no accedió a ordenarle al Gobierno la inmediata entrega, pero sí le dijo que dentro de los tres días tendrá que presentar al juzgado el plan “preciso” de cómo va a distribuir los alimentos.
Casanello recordó en su resolución que el Ministerio de Capital Humano había informado que debía mejorarse el mecanismo de entrega de los alimentos, que tenía irregularidades. Y que el vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció la existencia de comida almacenada.
El juez advirtió que las presuntas víctimas de los hechos que se investigan no son los comedores, sino las personas que “integran los grupos socialmente vulnerables y los segmentos particularmente empobrecidos de la población, que requieren, sin demora, cuidados especiales”. Y que “los comedores, en todo caso, son parte de una red de contención, son un medio, no un fin en sí mismo”.
“Los hechos de la causa deben ser enmarcados en los datos del presente -dijo el juez-. Una referencia de esta realidad se encuentra en los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) que señalan que el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60% de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria -el 14% de forma severa-.”
Fuente: La Nación
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